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La indemnización por un despido improcedente no se puede incrementar por vía judicial, esa es la conclusión a la que ha llegado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en una sentencia del mes de julio.
El tema es polémico porque en España la indemnización por despido improcedente está tasada y el Comité Europeo de Derechos Sociales considera la legislación española contraria al artículo 24 de la Carta Social europea que habla del derecho a una indemnización justa.
¿Cómo se regula la indemnización por despido improcedente en la normativa española?
La indemnización por despido es el derecho que tiene el trabajador a recibir una cantidad de dinero si se le despide y no hay una causa que justifique el despido. El despido es improcedente si no cumple con los requisitos establecidos por la legislación, pero es importante tener en cuenta que la improcedencia o no del despido la determina un juez.
En España la regulación de la indemnización por despido improcedente se regula en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores que establece que cuando el despido es declarado improcedente el empresario puede optar entre la readmisión del trabajador o el pago de una indemnización equivalente a 33 días de salario por año trabajado con un límite de 24 mensualidades. Por lo tanto, es una indemnización tasada y concreta.
En el caso del despido por causas objetivas, la indemnización también tiene un límite de 20 días por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades. Por lo tanto, también está limitada por la ley.
¿Cómo se reclama una indemnización por un despido improcedente?
Para recamar la indemnización por un despido que se considera improcedente, los pasos son los siguientes:
- Presentación de una papeleta de conciliación. El plazo es de 20 días hábiles desde que se reciba la carta de despido y se debe presentar ante el servicio de mediación, arbitraje y conciliación (SMAC) de la comunidad autónoma. Para ello es muy recomendable que cuentes con la ayuda de un abogado laboralista que vele por tus derechos.
- Celebración del acto de conciliación. Se debe celebrar en el plazo máximo de 15 días. Pueden ocurrir varias cosas: que haya acuerdo, que no haya acuerdo o que la empresa no se presente.
- Presentar una demanda para impugnar el despido. Si no existe acuerdo o la empresa no se presenta, se deberá interponer una demanda ante los juzgados de lo social y, en esa demanda, se solicita que el despido se declare improcedente.
¿Qué dice el Comité Europeo de Derechos Sociales sobre la indemnización por despido improcedente en España?
El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) emitió una resolución reciente en la que considera que la legislación española relativa a la indemnización por despido improcedente vulnera la Carta Social Europea porque es limitada y tasada.
En este sentido, el CEDS entiende que la normativa española (Estatuto de los Trabajadores) vulnera el artículo 24 de la Carta Social Europea que reconoce el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada.
Sentencia del Tribunal Supremo: la indemnización por despido no puede verse incrementada en vía judicial
El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo considera en su sentencia que la indemnización que regula en el Estatuto de los Trabajadores para el caso de despido improcedente no puede aumentar su importe en vía judicial considerando las circunstancias concretas del caso.
Además, considera que esto no vulnera ni el artículo 10 del Convenio 158 de la OIT (que también habla de indemnización adecuada), ni el artículo 24 de la Carta Social Europea que hemos visto, porque no exigen una indemnización diferente para cada caso y que considere las circunstancias del trabajador.
En cuanto a la decisión del CEDS, el Tribunal Supremo considera que no es ejecutiva porque no es un órgano jurisdiccional, como lo son el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De hecho, las decisiones del CEDS no vinculan tampoco al Consejo de Ministros del Consejo de Europa, ni a los tribunales internos de cada estado miembro de la Unión Europea.
Otro aspecto importante, considerado por el Tribunal Supremo, es que, actualmente, la normativa española permite que tanto los empleados despedidos como los empresarios, tengan una seguridad jurídica y conozcan el importe de la indemnización.
¿Qué efectos tiene la sentencia del Tribunal Supremo?
La sentencia dictada por el Tribunal Supremo tiene varios efectos importantes:
- Fin de las indemnizaciones adicionales por vía judicial. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avaló el aumento de la cuantía de una indemnización por despido improcedente porque la consideraba exigua y sin efecto disuasorio para la empresa. Este tipo de decisiones deberán respetar el criterio del Tribunal Supremo.
- Claridad en los costes por despido. Las empresas sabrán claramente cuál es el coste del despido improcedente y el trabajador sabrá cuánto va a cobrar.
- Límites para los trabajadores. No podrán solicitar indemnizaciones por otros conceptos o daños, como el lucro cesante, para aumentar la indemnización por despido.
¿Se debe modificar la normativa actual?
Tanto algunos sindicatos como el Ministerio de Trabajo consideran que se debe modificar la indemnización por despido para que:
- Respete el derecho europeo.
- Sea disuasoria para el empresario e impida los despidos.
- Considere las circunstancias personales y laborales de cada trabajador que es despedido.
Si se considera todo lo anterior, la indemnización por despido podría ser diferente en cada caso y no una cantidad fija y determinada como ocurre ahora.
En definitiva, el Tribunal Supremo ha aplicado la normativa actual y ha considerado que no cabe el aumento de la indemnización por despido debido a circunstancias particulares del trabajador. Sin embargo, se podría producir un cambio en la normativa que suponga la adaptación de la indemnización a cada supuesto.
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