MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Así figura en un email, al que ha tenido acceso Europa Press, que obra en la causa instruida por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, que investiga el crédito de 26,6 millones de euros que Caja Madrid otorgó al ex jefe de la patronal a mediados de noviembre de 2008.

Según informaron fuentes del caso, la operación mencionada en el email hacía referencia a una propuesta de crédito distinta a la investigada por el juez y que llegó a la dirección de negocios y empresas de la caja de ahorros en octubre de aquel año. Los técnicos frenaron la concesión al no ver clara su conveniencia.

En el correo, que tiene como asunto 'Teinver', consta que el remitente confiesa que le han informado de la inminente entrada de una operación de 14 millones de euros dirigida a esta sociedad. "Parece ser, que se trata de un préstamo a 24 meses con parte de garantía real sobre unos locales, en los que parece ser, que en algunos de ellos existen cargas con primer rango por unos 1,7 millones de euros" y que "contaría con el aval personal de los socios", indica.

"No entiendo, además de por ser sociedad vinculada al consejero Gerardo Díaz Ferrán, por qué, tenemos que llevar este mismo lunes a la Ejecutiva por Urgencia esta operación. Tu me dirás, pero... o se monta una operación que tenga forma, o no veo como", escribe a Alcubilla.

Bartolomé argumenta que se desconocen los valores de tasación de la sociedad de Díaz Ferrán y su socio, el fallecido Gonzalo Pascual, aunque espera que no superen los 8 millones de tasación y precisa que también se desconoce cuál es el plan de negocio.

"No conocemos si está dada de alta la operación. No existe plan de negocio. El avance de 2008 agosto, es con fondos propios negativos por 11 millones de euros. Se han repartido dividendos por 178,9 millones de euros, parece ser, que por la venta de Pulmantur", señala en el correo fechado a 30 de octubre de 2008.

Bartolomé, actual consejero delegado de Bankia Habitat, ha comparecido este jueves como imputado ante el juez Silva y ha aportado documentación para defender que cada órgano de la caja cumplió con su competencia. Ha añadido que las autorizaciones de la Comunidad de Madrid llegaban con retraso, según informaron fuentes jurídicas.

LA ACUSACIÓN PIDE PRISIÓN PROVISIONAL

La acusación popular, ejercida por el sindicato Manos Limpias, ha pedido prisión provisional bajo fianza de 500.000 euros para Bartolomé, quien actualmente es consejero delegado de Bankia Habitat, aunque el instructor ha rechazado esta petición. De forma subsidiaria, la acusación ha solicitado comparecencias periódicas en el Juzgado y la retirada del pasaporte.

Anteriormente, el juez ha escuchado las explicaciones del ex director general financiero y de riesgos de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj, quien ha aseverado que "nunca" en la historia de la entidad financiera un consejero les había "engañado" como lo hizo el ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, quien prometió que las acciones del Grupo Marsans estaban libres de cargas cuando, en realidad, habían sido pignoradas.

Poco antes, el empresario Gabriel María Subías ratificó, como testigo, que el grupo Orizonia no había ofrecido una oferta vinculante para la compra del Grupo Marsans. El antiguo consejero delegado de Orizonia Corporación ha corroborado que se trataba solo de una oferta indicativa sobre una compra que, finalmente, no llegó a cristalizar.

El juez Silva abrió diligencias a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias en la que se acusa a Blesa de conceder un crédito "doloso" por importe de 26,5 millones de euros a Díaz Ferrán en el que figuraba como "garantía un holding empresarial que se encontraba en quiebra". Este jueves tendrá la oportunidad de interrogar a Gonzalo Alcubilla, Fernando Sobrini y Luis Crespo.

Ambos están acusados de un delito societario y de falsedad documental, mientras que el ex responsable de créditos a empresas de Caja Madrid Carlos Vela está imputado por delito societario.

MADRID/JAÉN, 22 (EUROPA PRESS)

Ha sido el Juzgado de Instrucción Número Uno, que dirige el juez Santiago Pedraz, quien ha comunicado este miércoles a la cárcel de Jaén la excarcelación inmediata del terrorista informando de que el licenciamiento definitivo del terrorista se produjo el 9 de marzo de 2011. Ziganda permanecía en prisión en cumplimiento de la 'doctrina Parot'.

Detenido el 27 de abril de 1989, Ziganda ha pasado 24 años en prisión. Fue arrestado junto sus compañeros en el 'comando Eibar' de ETA Juan Carlos Balerdi Iturralde 'Eneko' y Fermín Urdiain Cirizar 'Txiki'. Este comando utilizaba con frecuencia y de manera indiscriminada el coche-bomba en la comarca de Eibar.

Según los datos recogidos por Europa Press, fueron los autores del asesinato de Sebastián Aizpiri y Francisco Zabaleta, muy conocidos en la comarca y a los que el entorno de Batasuna acusaba sin pruebas de narcotráfico. Por estos hechos Ziganda fue condenado a 60 años. También colocaron la bomba que causó la muerte al ertzaina Juan José Pacheco, por lo que fue condenado a otros 42 años.

Fue condenado en 1989 a una pena de 29 años de cárcel por el asesinato del camarero José Ignacio Agirrezabalaga en el Bar Nikol de Zumaya (Guipúzcoa). La banda terrorista le acusaba sin pruebas de estar vinculado a los GAL. Un año después la Audiencia Nacional le condenó a otros 29 años de cárcel por el asesinato en Guipúzcoa del sargento de la Guardia Civil, José Luis Gómez Solís. Fue tiroteado en presencia de su mujer pocas horas después del atentado en la casa cuartel de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987.

En 1990 fue condenado a 134 años de cárcel por la colocación de un coche bomba ante el paso de un convoy policial que iba a prestar protección en el partido de fútbol entre el Eibar y el Sabadell. En este atentado falleció un agente y resultaron heridas graves otras cuatro personas.

Su siguiente condena se produjo en 1994 cuando se le impusieron otros 52 años de cárcel por el asesinato de dos guardias civiles de ellos de 22 y 29 años con un coche bomba en Gernika (Guipúzcoa). También participó en 1988 en Zarautz en el asesinato del hostelero Engraciano González Macho por lo que fue condenado a otros 30 años.

La Audiencia Nacional, el día 27 de enero de 1997, le impuso otros 220 años de cárcel por un atentado cometido en junio de 1987 contra la Casa Cuartel de Eibar (Guipúzcoa), en el que ocho agentes y otros tantos civiles resultaron heridos.

A lo largo de su estancia en prisión ha pasado por las cárceles de Ceuta, Puerto 1 (Cádiz) y, actualmente, se encontraba en la prisión de Jaén. Las cárceles del Sur más lejanas del País Vasco son aquellas en las que el Ministerio del Interior recluye a los considerados más duros dentro del colectivo de presos de ETA.

La asociación Voces Contra el Terrorismo (VCT) ha denunciado que "Instituciones Penitenciarias ha recibido esta tarde la orden de la puesta en libertad del etarra, con sorpresa del propio terrorista que no esperaba su inminente excarcelación".

Para el presidente del colectivo, Francisco José Alcaraz, "éste es un paso más en la rendición del actual Gobierno de España ante la banda terrorista ETA que no puede quedar impune". Alcaraz anuncia que "las víctimas del terrorismo darán respuesta a esta nueva traición del Gobierno, que ultraja la memoria de nuestros familiares".

Esta moción es consecuencia de la interpelación que hace unas semanas debatió su portavoz en la materia, Mario Bedera, con el ministro del ramo, José Ignacio Wert, y pedía en primer término la retirada de la LOMCE, un punto que ha contado con la abstención de UPyD y el respaldo insuficiente de la oposición.

Por otro lado, instaba al Gobierno a rectificar el decreto de recortes en educación, aprobado en abril de 2012, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio. Este punto ha sido igualmente rechazado por PP, UPN y Foro de Asturias, por lo que no ha salido adelante. En cambio, UPyD sí se ha sumado al resto de la oposición para que el Gobierno derogue los recortes emprendidos en la materia.

La portavoz del PP en Educación, Sandra Moneo, ha negado "todas y cada una de las afirmaciones" que desde la oposición se fundamenta la petición para retirar la ley porque, según ha defendido, sí hay alternativa a la vigente Ley Orgánica de Educación (LOE) socialista.

Así, ha recalcado los "numerosos" encuentros del PP y del Gobierno para reformar el sistema educativo. "Un proyecto de esta envergadura necesita de todos", según ha puntualizado, al mismo tiempo que ha subrayado que el PSOE no quiere formar parte de esta reforma porque "reconoce" que es "parte de la culpa".

   Igualmente, ha insistido en que el Consejo de Estado avala esta ley, la utilización del castellano y las lenguas cooficiales y en ningún momento plantea la invasión de competencias. "Tienen una fijación enfermiza con la Religión y la realidad es que cuestionan una asignatura que tiene igual tratamiento que en la LOE y el mismo desarrollo que sus decretos. ¿Por qué no denunciaron los acuerdos con la Santa Sede cuando estuvieron en el Gobierno?", ha preguntado al PSOE.

Desde Foro de Asturias, Enrique Álvarez Sostres, vota en contra de la moción del PSOE porque no cree que hay retirar el proyecto de ley sino modificar aspectos de la misma. "A mi no me gusta la LOMCE y trataré en el trámite parlamentario de cambiarlo, pero no me tiro al monte porque tiren algo de mi baraja", ha avisado a los socialistas.

ROMPE LA SOCIEDAD A GOLPE DE CATOLICISMO

Desde el PSOE, Federico Buyolo ha criticado al PSOE por querer romper a la sociedad "a golpe de Catolicismo" con esta reforma educativa que, a su juicio, romperá con la equidad y la igualdad de los estudiantes y sólo persigue beneficiar a la Conferencia Episcopal Española (CEE) y a los "amigos de Montoro que piensan que cuando pasa a privado funciona mejor".

Con esta ley sostiene al mismo tiempo que el Ejecutivo castiga a los alumnos que fracasan. "Nuestros jóvenes son la generación mejor formada de la historia pero tienen que irse fuera a buscar empleo por su criminal reforma laboral", ha criticado.

No se trata de la primera iniciativa que el PSOE registra en la Cámara Baja para que el Gobierno retire la reforma educativa en la que está trabajando, aunque sí es la primera desde que el Gobierno aprobase el proyecto de ley y desde la huelga general que la comunidad educativa secundó el día 9.

El PSOE ya ha anunciado que previsiblemente presentará un recurso ante el TC contra la LOMCE, a la vez que su portavoz en el Congreso, el exsecretario de Estado de Educación, Mario Bedera, avanzó a Europa Press la semana pasada que iba a presentar una enmienda a la totalidad de la ley, para su devolución al Gobierno.

   Desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, sostiene que no hay que retirar la LOMCE porque sí es necesario hablar de los actuales problemas de la educación en España, si bien ha criticado que el debate actual sobre la misma no hable sobre los problemas de la educación. No obstante, ha recalcado que esta ley no le gusta "nada" y que previsiblemente presentará una enmienda a la totalidad del texto.

TRATAMIENTO DE LAS LENGUAS EN LA LEY

Isabel Sánchez Robles, del PNV, cree que esta normativa responde a un intento de centralización de los sistemas educativos autonómicos, no respeta las competencias en la materia, no tiene en cuenta la realidad plurilingüe del Estado, a la vez que carece del consenso social y el respaldo de la comunidad educativa.

En este sentido, ha rechazado cualquier invasión competencial ilegítima porque, según ha destacado, el bilingüismo no obstaculiza sino que favorece la competencia lingüística en castellano y rechaza las pretensiones "ideológicas y regulatorias" del Gobierno.

Desde CiU, que mañana miércoles pedirá en otra moción la retirada de la LOMCE, Martí Barberà ha criticado que el Gobierno no haya hecho caso del Consejo de Estado sobre la reforma educativa y no renuncie a la recentralización de los poderes, ni tampoco se haga caso a las demandas de la comunidad educativa.

"Sin diálogo abierto nos traen un proyecto de ley inviable económicamente. Sabemos qué esconden en la caja. Quieren recentralizar e imponer sistemas educativos", ha reprochado al Gobierno.

UN NUEVO ATAQUE A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Caridad García Álvarez, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ha subrayado que la inmensa mayoría de la ciudadanía rechaza esta reforma educativa "por elitista, segregadora y fabricada en las cavernas más retrógradas del país", que a su juicio, también retrocede a España a las épocas del Franquismo "puro y duro".

Desde Compromís, Joan Baldoví dice que el pasado viernes en el Consejo de Ministros nació un "engendro y un monstruo secundado con centralistas, empresarios y obispos, que nunca han dejado de meter mano en la educación publica", en referencia a la LOMCE, una reforma que avisa que atentará contra la cohesión social y donde la educación tendrá un enfoque mercantilista.

"Lo mejor que podrían hacer con su engendro de ley es retirarla y por ello deberían hablar para tramitarla", ha apuntado, mientras que Pedro Quevedo, de Coalición Canaria-Nueva Canarias, dice que sí respalda la iniciativa socialista, porque, entre otros puntos, este proyecto de ley va en contra de la mejora de la calidad educativa, el propio título de la normativa. "Se trata de un nuevo ataque a la educación pública", ha subrayado.

El Pleno del Congreso de mañana miércoles debatirá igualmente una moción de CiU que también pide la retirada y devolución al Ejecutivo de este texto de reforma educativa al considerar que invade competencias autonómicas, especialmente en materia lingüística.

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

"Estoy convencido de que las cuentas del PP son las legales y declaradas ante el Tribunal de Cuentas", dice

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, el presidente de honor del PP ha reiterado en varias ocasiones que sólo ha percibido sueldos como diputado y presidente del partido y del Gobierno. "No percibí más retribuciones. Ni devengué ni percibí ninguna otra cantidad, y estoy convencido de que las cuentas del PP son las legales y declaradas ante el Tribunal de Cuentas", ha aclarado Aznar, quien ha señalado que fue "especialmente meticuloso en la presentación de sus cuentas".

   "No he tenido ninguna otra retribución que no sean las declaradas en la Renta como presidente del partido y del Gobierno y diputado", ha dicho el también presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), quien indicado que de todas formas "la cuestión" es si las retribuciones percibidas "son declaradas íntegramente" en la declaración de la renta.

CONFIDENCIALIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

En cualquier caso, ha defendido en todo momento que no tiene "ninguna dificultad" en demostrar la procedencia de cada una de sus retribuciones y patrimonio y, en este sentido, aunque ha recordado que las declaraciones de la renta "son por naturaleza confidenciales", él personalmente no tiene "ningún problema" en explicar sus ingresos. "Ni siendo presidente ni cuando no era presidente", ha apostillado.

Incluso, Aznar ha explicado que durante su etapa como presidente del Gobierno "pagaba todos los años" una renta del 10 por ciento "por vivir en La Moncloa".

Asimismo, el expresidente del Ejecutivo ha aclarado que "los únicos sobres" que ha conocido corresponden a "fondos reservados" en Moncloa durante la etapa de gobierno de Felipe González, con una "caja con 300.000 pesetas para gastos que se reponían cuando se agotaba" y que se acabó "el mismo día" en que él llegó al Gobierno.

"CHANTAJE" AL PP

El expresidente del Gobierno ha negado además que el PP "esté en situación de ser chantajeado" por el extesorero Luis Bárcenas y ha recalcado que si alguien pretendiera hacerlo tampoco se debería aceptar que lo hiciera.

En esta línea, ha defendido que la "transparencia" de las cuentas del PP, que "son las legales y declaradas ante el Tribunal de Cuentas". En la misma línea, ha dicho que no tiene "ninguna duda" de que los dirigentes de su partido "han percibido retribuciones de forma absolutamente legal y todas están declaradas ante el Ministerio de Hacienda".

En cualquier caso, ha recalcado que él no ha tenido en ningún momento conocimiento de que el PP "no se haya sometido a la legalidad" porque, ha argumentado, si lo hubiera hecho habría actuado al respecto. "Siempre que he tenido conocimiento de un comportamiento irregular he actuado con total contundencia", ha concluido.